El coordinador del Observatorio de los Derechos delas Personas con Discapacidad, Gonzalo Zárate, expresó su preocupación en torno a temas que resultan esenciales como el otorgamiento de pensiones y el trabajo para los discapacitados en Tierra del Fuego.

En primer lugar consideró que resultan insuficientes las 52 pensiones que el Gobierno prevé entregar el año que viene ya que hay, según datos oficiales, más de 200 en espera. “Hoy hay 206 pensiones en espera. No sé cómo pasaron de 300 que teníamos a principio de año a 206 porque prácticamente no se otorgaron pensiones y las últimas que se otorgaron se dieron a través de amparos por vía judicial efectuados por el cuerpo legal de la CTA”, señaló.

Zárate recordó que cuando asumió la gobernadora Rosana Bertone había entre 1400 y 1500 pensiones otorgadas y desde el mismo Gobierno se hablaba de que había irregularidades por lo que se produjo el recorte de pensiones y quedaron 1200 pensiones que es el número actual. Sostuvo que el Gobierno nunca aclaró en qué consistían dicha irregularidades. “¿En qué consiste la irregularidad? ―se preguntó― ¿en que una persona sacó una pensión sin ser discapacitado o que no presentó el CUD (Certificado Único de Discapacidad) a tiempo?”. Indicó que si se trataba del segundo tipo de irregularidad no era un motivo válido para dar de baja una pensión pero dicho tema nunca fue aclarado por los funcionarios de turno.
Lo que el Poder Ejecutivo presupuestó para el 2018 en materia de pensiones de discapacidad son $400 millones de pesos que incluyen las 1200 pensiones actuales más las 52 pensiones que se piensan otorgar.
Zárate indicó que esto resulta insuficiente dado que existen más de 200 pensiones en espera. Enfatizó que no se trata de nuevos trámites iniciados sino que tienen un promedio de demora de entre tres y cinco años incluyendo casos que esperan desde hace muchos años más. “No son pensiones que se generaron este año y uno las va fraccionando, son pensiones ya de una larga data y deberían aprobar una normativa extraordinaria para solucionar ese problema”, opinó.
El coordinador subrayó que la insuficiente cantidad de pensiones a otorgar genera roces entre los mismos discapacitados. “Seguramente al que esté número uno en la lista le va a parecer perfecto, el que esté número quince también, el cincuenta va a aplaudir, el cincuenta y dos va a estar contento ¿y si el número cincuenta y tres es tu hijo que está esperando una pensión?”, expuso.
“Nos gusta que se aumenten 52 nuevas pensiones pero la verdad es que este y los anteriores fueron años de lucha, la mayoría de las pensiones han salido por un recurso judicial después de un largo periodo de discusión. No se puede dejar a tantas familias en espera. Tenemos un caso testigo de una madre cuyo hijo tiene un retraso madurativo y no tiene pensión y está esperando y otro caso testigo de una persona con una discapacidad mental que le fue retirada la pensión y no tiene trabajo y no puede trabajar sinceramente porque sus capacidades restantes no le dan para conseguir un trabajo”, ejemplificó.
“Nosotros no podemos decir como Observatorio que uno merece más que otro. Son pensiones por discapacidad y la ley es clara, si yo estoy dentro del amparo de esa pensión tengo que cobrarla por más de que esté en mejor o peor estado de salud que otra persona que también tiene discapacidad. Lamentamos que esto genere una lucha entre personas con discapacidad porque si soy de los que quedó adentro seguramente voy a estar feliz y contento el tema son los demás que siguen esperando y hay casos que no son de un mes, de dos meses o de tres meses, hay casos que son de años”, remarcó.
Zárate añadió: “Acepto que se vea caso por caso pero la ley 48 es clara, cumpliste todos los requisitos y se tiene que otorgar la pensión y hoy, según el Estado hay 206 personas, para nosotros son un poquito más, que no tienen pensión. El Estado te dice yo acepto que vos tenés un derecho y que lo tengo que cumplir pero no hay plata”.

El Gobierno no garantiza el trabajo para personas con discapacidad

El referente del Observatorio se refirió al aspecto laboral vinculado a las personas con discapacidad. Aunque señaló que no todas pueden trabajar, hay muchas personas que pueden trabajar y que de hecho están pidiendo trabajo. “Esa persona si vos le entregás un trabajo no va a estar pidiendo una pensión, nadie quiere pedir una pensión con una categoría 10, que hoy significan unos 15 mil pesos. Nadie se hace millonario ni vive holgadamente como para decir me conviene más no trabajar y cobrar una pensión”, dijo.
Si bien consideró que el tema de generar empleo para discapacitados está por lo menos en discusión, evidenció las falencias que los programas de empleo tienen. Estimó que “está bueno” el proyecto del Ministerio de Trabajo de la Nación consistente en otorgar pasantías.
No obstante, consideró que estos programas no son propicios para la capital fueguina. “En Ushuaia una pasantía o un entrenamiento laboral de 8 mil pesos no sirve y aparte la gente que está preparada para trabajar es gente que estudió, que se formó. Hoy volver con 35 o 40 años de edad a hacer una capacitación laboral por 8 mil pesos sabiendo que quien te capacita laboralmente no tiene después obligación de contratarte no es un trabajo real”, evaluó.
“Obviamente la persona va a decir que prefiere quedarse con la pensión porque es un riesgo y recordemos que una persona que reciba cualquier sueldo o una pasantía o cualquier otro subsidio u otra pensión no puede cobrar la pensión por discapacidad entonces obviamente si a mí me ofreces una pasantía de tres meses por 6 mil u 8 mil pesos y renunciar a la pensión no lo haría”, manifestó.
Zárate resaltó que aunque el Estado asegurara que la pensión no se pierde sino que se suspende momentáneamente y que la persona con discapacidad puede retomarla en el caso de que no se le dé trabajo fijo tras la pasantía nada garantiza que si uno pierde el trabajo vuelve a tener la pensión. “Como está funcionando hoy el sistema, si se suspende mi pensión cuando vuelvo voy a tener 206 personas esperando una pensión como pasa ahora y entonces ¿en qué puesto quedo en el 1 o en el 207? Las pensiones no quedan en stand by sino que seguramente se distribuye a otro persona que la necesita”, remarcó.
“No queremos un Estado tutelar pero sí tenemos que admitir que el trabajo para las personas con discapacidad no existe es una deuda pendiente”, afirmó.

No se cumple el cupo mínimo establecido por ley

Zárate recordó que a mitad de año el Observatorio efectuó un relevamiento en la mayoría de los entes descentralizados y autárquicos de la provincia para determinar cuántas personas con discapacidad están trabajando bajo el amparo de la Ley 48.

Señaló que algunos entes respondieron y otros no. Entre los que respondieron “la mayoría no lo cumple no alcanza el mínimo de un 4%”. Puso como ejemplo a Canal 11 que tiene 100 trabajadores pero entre ellos no hay ninguno con discapacidad.

Compartir